El Universal

Piden a Mondragón y Kalb indagar caso de tortura en SLP

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 18/2013, dirigida al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, por el caso de detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura que sufrió un ciudadano a manos de elementos de la Policía Federal (PF) en San Luis Potosí.

La madre de la víctima, al interponer una queja ante la CNDH, refirió que, según declaraciones de su hijo, una vez detenido fue cubierto de la cara y así permaneció durante dos días, encerrado en un cuarto donde los policías lo golpeaban continuamente para que reconociera la culpabilidad en varios delitos; sólo lo destapaban para que ingiriera agua de una botella que tenía que compartir con otras ocho personas.

En un comunicado, la CNDH explicó que para presionarlo lo torturaron y con unas pinzas le doblaron el dedo medio de una mano; además, los policías lo amenazaron con agredir a su familia si no declaraba que al ser detenido traía consigo lo que le indicaban: droga, un auto, un radio y dinero. Cuarenta y ocho horas después lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde tuvo que ser atendido por un médico.

Una vez agotada la investigación, la CNDH advirtió conductas que configuran violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, libertad, integridad y seguridad personal del agraviado.

En su recomendación, la CNDH pide al comisionado nacional de Seguridad que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a la víctima y se le brinde atención sicológica y siquiátrica.

También, que se emitan instrucciones para que los elementos de la PF respeten los derechos humanos y observen el orden jurídico vigente en las operaciones contra la delincuencia organizada; de ninguna forma se traslade a los detenidos a sus instalaciones y sólo sean puestos a disposición de la autoridad indicada.

Solicita colaboración para el trámite de la denuncia contra los servidores públicos implicados.